Organizaciones defensoras de derechos identificaron cinco casos emblemáticos de acoso y violencia política contra candidatas que participan en las Elecciones Generales 2025, analizaron que son expresados en discursos de odio y ataques sistemáticos a través de redes sociales y medios de comunicación. La identificación fue realizada por el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Red Coordinadora de la Mujer, la Red Observa Bolivia y la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.
Casos emblemáticos
El primer caso está vinculado a Eva Copa Murga, actual alcaldesa de El Alto y candidata a la
presidencia por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), quien es víctima de violencia digital
sistemática que cosifica su cuerpo, expone su vida íntima e incita a hacerle daño. Según el monitoreo
realizado, se identificaron expresiones que trascienden el discurso violento y caen en la incitación a la
violencia política extrema, con llamados a dañarla y/o eliminarla, lo que constituyen delitos graves.
Además, enfrenta una ridiculización constante y dudas sobre su capacidad de gobernar asociadas a su
vida personal, a su género, edad, clase y etnicidad, con el uso de términos como “imilla” o “campesina”
en el marco de discursos discriminatorios, misóginos, racistas y de odio.
El segundo caso involucra a Karla Robledo Guardia, excandidata a senadora suplente por Alianza
Unidad, quien también fue blanco de expresiones de violencia política. En su caso, se emplearon frases
que menosprecian su preparación y hacen énfasis en sus vínculos familiares. Debido a este acoso y
violencia sistemáticos, Robledo decidió renunciar a su candidatura, lo que llevó al Tribunal Supremo
Electoral (TSE) a activar el Reglamento para renuncias y denuncias por acoso y violencia política.
Aunque el ente electoral no aceptó formalmente su renuncia, Robledo ratificó su decisión de
abandonar la candidatura, la cual se hizo efectiva.
El tercer caso se refiere a la candidata a diputada plurinominal de Cochabamba por Alianza Unidad
Toribia Lero Quispe, sobre quien se identificó una narrativa sistemática de deslegitimación con una
fuerte carga racista y sexista. Esta situación constituye una violación a sus derechos políticos y
humanos, y está tipificada como delitos en el marco de la Ley 243, Ley contra el Acoso y Violencia
Política hacia las Mujeres, y la Ley 045, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Se
advirtió, además, el uso de un lenguaje simbólico violento, insultos, estigmatización y lenguaje
ofensivo en su contra, sobre todo por su condición de mujer indígena.
El cuarto caso identificado es el de Mariana Prado Noya, candidata a vicepresidenta por Alianza
Popular, quien enfrenta acoso y violencia política con el objetivo de desacreditar su capacidad política
y su imagen como mujer. En los mensajes encontrados, se detectaron manifestaciones clasistas,
expresiones misóginas y connotaciones sexuales. Además, se identificaron frases discriminatorias
que menoscaban su integridad, acompañadas de comentarios burlones, sarcásticos y degradantes,
basados en estereotipos machistas que buscan minimizar o invisibilizar la participación política de las
mujeres.
El quinto caso se refiere a Susana Bejarano Auad, candidata a senadora de La Paz por Alianza
Popular, en el que se evidenció un patrón de agresión basado en insultos, descalificaciones
emocionales y moralistas con estereotipos sexistas orientados a descalificar su vida privada y sus
vínculos familiares y de pareja. Se identificaron expresiones que implican intimidación o incitación
indirecta a la violencia o a la autolesión con expresiones como “desaparece” o “guillete”, lo que
supone violencia psicológica grave. Así también, sarcasmo y burlas para desacreditar su
desempeño profesional, su credibilidad y su capacidad analítica.
Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, indicó que esta información se basa en el
primer reporte de monitoreo semanal del Observatorio de Género, una tarea que se desarrollará
hasta la conclusión del proceso electoral. Dicho reporte fue realizado entre el 7 y el 28 de julio del
año en curso, en las plataformas de Facebook, X (antes Twitter), TikTok, Instagram y YouTube; así
también, en medios de comunicación. De manera general, los resultados evidencian que las formas
más comunes de agresión son: desprestigio, insultos y ridiculización (30%), descalificación o
desvalorización (27%), ataques que reproducen estereotipos de género (25%); mensajes de odio,
racismo, amenazas y hostigamiento (16%) y violencia vicaria (2%).
“Estas expresiones se constituyen en una vulneración de los derechos políticos de las mujeres y
forman parte de una estrategia para desalentar y excluir a las mujeres del ejercicio pleno de sus
derechos políticos. Además, configuran delitos en la normativa boliviana: acoso, violencia política,
discriminación y otros, que están tipificados en las leyes 243 y 045”, afirmó Sánchez.
Advertencias preocupantes
Los casos de Prado y Bejarano adquieren particular gravedad, debido a recientes amenazas
públicas. Según la publicación del 28 de julio por el periódico La Patria, la Federación de
Campesinos Tupak Katari exigió públicamente la sustitución de ambas candidatas, otorgando un
plazo de 72 horas a Alianza Popular para una respuesta y advirtiendo que, de no recibirla, evaluará
su apoyo a dicha alianza política. Del mismo modo, la Federación Nacional de Cooperativas
Mineras de Bolivia (Fencomin) hizo tal pedido, mediante una carta dirigida al candidato Andrónico
Rodríguez.
Según la Coordinadora de la Mujer, estas advertencias constituyen un caso de acoso y violencia
política contra mujeres, en los términos establecidos por la Ley 243, Ley contra el Acoso y la
Violencia Política hacia las Mujeres. La organización denuncia que los argumentos y amenazas
emitidos por representantes de la Federación Tupak Katari y Fencomin buscan invalidar, intimidar y
condicionar la participación de ambas candidatas en la contienda electoral.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos instan al Ministerio Público a actuar, a
instancia de parte, e iniciar las investigaciones pertinentes, identificando responsabilidades penales
por la vulneración de derechos políticos. Asimismo, exigen al Tribunal Supremo Electoral cumplir
con su deber de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, libres de violencia y acoso político
de todas las candidatas.
